¿Alguna vez has sentido la impotencia de que que tus derechos más elementales fueran vulnerados por empresas, entidades privadas o raparticiones públicas, sea porque niegan algo que no deben negar o por que esquivan su responsabilidad mediante evasiones y/o dilaciones burocráticas y perniciosas?

Son situaciones de evidente desamparo y vulnerabilidad en las que el ciudadano de a pie se encuentra claramente indemne frente a la violación de derechos de la que es víctima; por esta razón, para dichas circunstancias (que deberían ser excepcionales), nuestro ordenamiento dispuso una herramienta legal dentro del marco jurídico a la cual se puede recurrir.

Hablamos obviamente de la «acción de amparo» que tan famosa se ha vuelto en nuestro país por las reiteradas violaciones, tanto del sector privado como del sector público, que se han perpetrado contra los ciudadanos en distintos ámbitos.

Cuando vemos amenazados o cercenados alguno de nuestros derechos básicos por el accionar o la omisión de un organismo público o privado, y no existe otro remedio judicial más idóneo, entonces procede esta acción.

Digamos que en la práctica no existe «otro medio judicial mas idóneo« cuando la urgencia que tenemos de que se satisfaga el derecho vulnerado, vuelve razonable no esperar los tiempos de los procesos judiciales normales con los que solemos proteger nuestros derechos.